La juventud como enemigo: una historia latinoamericana
La historia reciente de América Latina muestra una constante inquietante: cuando la juventud se organiza para exigir derechos, el Estado responde con sospecha, criminalización y—demasiadas veces—con balas. Tlatelolco (1968), La Noche de los Lápices (1976), La Cantuta (1992) y Ayotzinapa (2014) no son episodios aislados ni estampas del pasado; son capítulos de un mismo guion que vuelve con nuevos nombres y gobiernos, pero con la misma lógica de disciplinar a toda la sociedad al castigar a sus estudiantes como ejemplo. [1][2][3][4]
En México, el 2 de octubre de 1968, la Operación Galeana, ejecutada por el ejército con el apoyo del Batallón Olimpia, disolvió a tiros un mitin estudiantil en Tlatelolco. A pocos días de los Juegos Olímpicos, el poder optó por el plomo frente a la protesta. Sobre el número de víctimas persiste la incertidumbre, pero el consenso histórico es claro se trató de una masacre de Estado, tal como lo ponen al descubierto las investigaciones y los desclasificados [1] Ocho años más tarde, en la ciudad de La Plata (Argentina), la dictadura secuestró y desapareció a estudiantes secundarios cuyo “delito” fue organizarse para defender el boleto escolar: la Noche de los Lápices quedó como símbolo de un plan represivo contra la participación juvenil. [2] En 1992, en el Perú, el Grupo Colina, un escuadrón clandestino bajo la órbita del Servicio de Inteligencia, secuestró y ejecutó a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta; parte de los restos apareció tiempo después en fosas clandestinas. La justicia interamericana y la verdad oficial peruanas han reconocido la responsabilidad estatal. [3] Dos décadas más tarde, en 2014, México volvió a sacudirse con Ayotzinapa. 43 normalistas desaparecidos de Iguala, Guerrero, colusión de autoridades con el crimen organizado y una década de obstáculos y opacidad que mantienen viva la herida. [4]
Estos hitos son advertencias que dialogan con el presente. En noviembre de 2020, la “Generación del Bicentenario” tomó las calles en Lima; el saldo incluyó la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como múltiples heridos. Las investigaciones documentaron graves abusos policiales. [5] Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, durante la crisis que siguió a la destitución de Pedro Castillo, las fuerzas de seguridad causaron cerca de 50 muertes y más de 1 300 heridos; informes independientes señalaron ejecuciones extrajudiciales y sesgo racista en el uso de la fuerza. [6][7]
A esta memoria reciente se suma un caso que impactó en la cultura urbana limeña. El 15 de octubre de 2025,fue asesinado el rapero Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, Trvko, de 32 años, durante una marcha nacional. Días después, la propia Policía confirmó que el autor fue el suboficial Luis Magallanes. La jornada dejó numerosos heridos y encendió un clamor ciudadano por justicia. [8] Su muerte reaviva la pregunta sobre la presencia del Estado en la violencia contra manifestantes, ante la falta de respuestas claras y sanciones efectivas.
Al mismo tiempo que las garantías institucionales retroceden, en agosto de 2025 se promulgó en el Perú una amnistía para militares y policías por crímenes cometidos durante el conflicto interno (1980–2000). Organismos nacionales e internacionales, así como expertos en derechos humanos, advirtieron que esa norma socava las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y deja abierta a la impunidad. [9]
Un mapa regional de patrones que persisten
Chile ofrece una lección dolorosa sobre el mal uso de armas “menos letales”. Durante el estallido social de 2019, organismos nacionales e internacionales documentaron un brote sin precedentes de traumas oculares por perdigones y gases lacrimógenos mal empleados. Años después, las reparaciones avanzan lentamente y las condenas son escasas; decenas de víctimas siguen esperando justicia y una rehabilitación integral. [10]
En Colombia, el Paro Nacional de 2021 dejó un rastro de abusos policiales, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y muertes que aún reclaman esclarecimiento y sanción. Allí también, la narrativa del “enemigo interno” erosionó el derecho a la protesta y exacerbó la violencia. [11]
Aunque en los casos de Chile y Colombia los panoramas han virado, no ocurre lo mismo en Ecuador y Perú, donde las crisis sociales parecen intensificarse. En Ecuador, la declaración de “conflicto armado interno” (enero de 2024) y la cadena de estados de excepción han estado acompañadas de denuncias de detenciones arbitrarias, malos tratos y operaciones de seguridad con débiles salvaguardas de los derechos, en un contexto de violencia criminal creciente. Organizaciones de derechos humanos han urgido a fortalecer la supervisión civil y el control judicial del uso de la fuerza. [12] Y Perú vuelve a aparecer en el mapa regional no solo por la magnitud de las víctimas de 2022–2023, sino también por señales recientes de impunidad—como la ley de amnistía de 2025—que ponen en riesgo la no repetición y el derecho de las víctimas a la justicia. [6][9]
Cuando el Estado ataca a la juventud, ataca la posibilidad misma de un porvenir democrático. Frente a este panorama que se repite una y otra vez en América Latina, nos preguntamos: ¿seguiremos permitiendo, como sociedad, que gobierno tras gobierno se reprima y desaparezcan los jóvenes que son el futuro, o asumiremos la responsabilidad colectiva de protegerlos?
Notas y referencias (pies de página)
[1] Matanza de Tlatelolco (1968): Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (ficha o folleto sobre la Operación Galeana) y Archivo General de la Nación (memoria de 1968). (CNDH) [2] La Noche de los Lápices (1976): Comisión Provincial por la Memoria (dossier docente, 2025) y Secretaría de Derechos Humanos–Argentina (efeméride). (CPM) [3] La Cantuta (1992): Corte IDH, Caso La Cantuta vs. Perú, sentencia (2006) y CEJIL, ficha del caso. (Inter-American Court of Human Rights) [4] Ayotzinapa (2014–2025): GIEI, Informe V (2023); ONU-DH México, pronunciamiento sobre el último informe del GIEI (2023). (CDHCM) [5] Perú 2020 (Inti Sotelo y Bryan Pintado): Human Rights Watch, abusos en las protestas de noviembre de 2020; Defensoría del Pueblo, Informe especial n.º 01 – Movilizaciones Sociales Noviembre 2020. (Human Rights Watch) [6] Perú 2022–2023: Human Rights Watch, World Report 2024 – Perú (al menos 50 muertos y >1 300 heridos). (Human Rights Watch) [7] Sesgo racista y ejecuciones: Amnistía Internacional, Racismo letal (2023) y el reporte de 2024 sobre la cadena de mando y posibles responsabilidades. (Amnesty International) [8] Caso Trvko (2025): El País (confirmación policial y contexto), RPP (confirmación del suboficial Luis Magallanes) y OjoPúblico (reconstrucción del caso y nombre completo de la víctima). (El País) [9] Perú (amnistía 2025): Reuters (promulgación y efectos) y Oficina del Alto Comisionado de la ONU (comunicado de expertos sobre la incompatibilidad con las obligaciones internacionales). (Reuters) [10] Chile 2019 (traumas oculares y “menos letales”): ACNUDH, informe de misión (2019) e INDH, balance a 4 años (2023). (OHCHR) [11] Colombia (Paro Nacional 2021 y secuelas): HRW, Brutalidad policial contra manifestantes (2021) y World Report 2025 – Colombia. (Human Rights Watch) [12] Ecuador (2024–2025): HRW, carta al Ejecutivo por abusos durante el “conflicto armado interno” (mayo de 2024) y World Report 2025 – Ecuador. (Human Rights Watch)
