Hoy, cuando cada ciudadano del mundo puede constatar con sus propios ojos el horror, cuando cada quien usa la máscara que le corresponde —gobiernos que hablan de “seguridad”, empresas que hablan de “progreso”, organismos que hablan de “paz”—, ya no pueden esconder lo que está a la vista: el poder político y económico se ha sostenido en la impunidad. No estamos ante un nuevo orden global, sino ante la actualización y la radicalización de una arquitectura de poder que históricamente ha administrado la violencia extrema como recurso político legítimo. Entre conmemoraciones y comunicados, la pregunta ya no es solo quién dispara, sino quién mira hacia otro lado. ¿Cuánto más estamos dispuestos a soportar esa impunidad sin romper el silencio?

La historia reciente de América Latina revela un patrón ominoso: cuando la juventud se organiza para exigir derechos, el Estado responde con sospecha, criminalización y, con demasiada frecuencia, con violencia letal. De Tlatelolco a La Cantuta, de Ayotzinapa a las movilizaciones contemporáneas en Perú y Ecuador, la represión contra estudiantes se repite como una constante. Exigir memoria, verdad y justicia no es un gesto simbólico: es una defensa de la democracia misma.
Frente a este panorama que se repite en América Latina, nos preguntamos: ¿seguiremos permitiendo que se siga violentando el futuro, o asumiremos la responsabilidad colectiva de protegerlo?

Este 1ro de octubre, Día del Periodista en el Perú, aparte de ser una fecha para conmemorar, debería ser un llamado a la acción no sólo del y hacia el gremio, sino también de la ciudadanía, porque el periodismo ético no se sostiene solo en quienes lo ejercen, sino que lo sostiene una sociedad que lo respalda, lo valora y lo defiende de la censura, la violencia y la impunidad.